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Revista nº 4 / enero - febrero 2009 | Sumario CN4 | En Portada 2009: ¿annus horribilis
de la economía?

2009: ¿annus horribilis de la economía?

JUAN CARLOS GALLO
Socio Director ONEtoONE Navarra
Definitivamente 2009 no pinta bien. Según opina la mayoría de los economistas, en 2009 veremos las peores cifras de crecimiento en muchos años. Si 2008 ha sido el annus horribilis de las finanzas, 2009 será para muchos expertos el annus horribilis de la economía.

La entrada en recesión a escala planetaria de la mayor parte de las economías mundiales a ambos lados del atlántico, no hace presagiar nada bueno.

En plena fase de desapalancamiento financiero, y con los mercados de valores en liquidación, la intervención pública a gran escala de los gobiernos y de los Bancos Centrales inyectando liquidez al sistema financiero a tipos de interés históricamente bajos y la vuelta al “Keynesismo” parece de momento la única opción para evitar una deflación (una caída de precios en la economía real) que pueda derivar en una intensa depresión de la actividad.

A nivel microeconómico, las dificultades de la mayoría de las empresas y las familias para acceder a los mercados de crédito para refinanciar sus deudas ó para adquirir bienes de consumo y de equipo están derivando en un círculo vicioso de consecuencias impredecibles.

Ante ésta perspectiva, las prioridad de la mayoría de los sectores y empresas, al menos en los primeros meses del 2009, es buscar fórmulas de reestructuración financiera y de negocio que permita aligerar costes y sortear con más cintura los envites de la crisis; todo ello sin olvidar los excesos cometidos en el pasado, y el alto nivel de apalancamiento financiero de la mayoría de las empresas, que se enfrentan a serios problemas en 2009 para hacer frente a sus compromisos financieros, ya que sus Flujos de Caja no van a poder, en muchos casos, hacer frente al pago del Servicio a la deuda (devolución a las entidades financieras del principal de la deuda y sus intereses).

Por consiguiente, para muchas empresas una de las primeras decisiones a tomar en 2009 es buscar fórmulas de refinanciación de sus Balances, o bien presentar Procedimientos Concursales.

Ante esta alternativa, la solución es clara: la refinanciación. Aunque la Ley Concursal del año 2003 ha tratado de introducir en España un instrumento de solución de situaciones de insolvencia.

La Ley Concursal de 2003 ofrece una serie de mecanismos que deben permitir la adopción de medidas correctoras en un marco de tranquilidad empresarial: suspensión de devengo de intereses, paralización de ejecuciones de bienes afectos a la actividad empresarial, mantenimiento y rehabilitación de contratos, eventualmente convenio mediante quita y espera de las deudas del concursado, etcétera.

Lo cierto es que la realidad social todavía no ha digerido el concurso, que sigue estando muy mal visto. Nuestros empresarios siguen reacios a utilizar el procedimiento concursal para afrontar una reestructuración empresarial que garantice la continuidad del negocio y prácticamente acuden al concurso cuando no queda otra solución que enterrar al difunto, a través de la liquidación.

Crisis inmobiliaria

En el marco de la crisis inmobiliaria que nos ocupa, concurren otros factores que coadyuvan a que la solución concursal no sea, en principio, la más adecuada para las empresas promotoras en situación delicada.

Por un lado, está la situación de las entidades financieras, a quienes la normativa del Banco de España obliga de manera inmediata a provisionar el 25%, tan pronto como el deudor se declara en concurso. Esto hace que las entidades financieras estén muy dispuestas a negociar una refinanciación que evite el concurso y, a la vez, muy enfadadas con aquellas empresas que, sin intentar la refinanciación, se declaran en concurso sin previo aviso. Una vez hecho el daño (la obligatoria provisión), su talante negociador puede que sea nulo y que prefieran ejecutar su garantía y, eventualmente, buscar la responsabilidad de los administradores.

Por otro lado, está la propia naturaleza de los créditos que las entidades ostentan frente a las promotoras. En su absoluta mayoría, se trata de créditos otorgados para financiar la compra de suelo y garantizados con hipoteca sobre los mismos inmuebles financiados. Se trata, pues, de créditos “singularmente privilegiados”, cuyos acreedores pueden –si así lo deciden- quedar al margen del Convenio de acreedores que finalmente pudiera conseguirse en el seno del procedimiento concursal. Lo único que tienen que hacer es esperar un año y luego ejecutar su hipoteca, lo que condenaría a las promotoras a la liquidación, ya que muy poco o nada podrían promocionar si se quedan sin suelo o sin obra en curso.

Por último, hay que advertir que la naturaleza del negocio inmobiliario se basa en la confianza que a los compradores merece una determinada promotora, a la que compran sobre plano en contrato privado, y en cuya hipoteca se subrogan con el otorgamiento de la escritura pública y la entrega de llaves. Está por ver cuál pueda ser la continuidad de este negocio en el seno de un proceso concursal y si van a ser capaces de generar confianza a proveedores y compradores finales.

La mejor opción

Entendemos que, tanto para las promotoras como para las entidades financieras, la refinanciación es y debe ser la mejor opción.

El problema está cuando el concurso ya no es una opción. Recordemos que la Ley Concursal configura la declaración del concurso como un deber del deudor en situación de insolvencia, y, en caso de liquidación, atraer la responsabilidad de los administradores sociales de hecho o de derecho para -dice la Leypagar a los acreedores, total o parcialmente, el importe de sus créditos que no perciban en la liquidación de la masa activa.

Además, no hay que olvidar la posibilidad real de que francotiradores puedan forzar la declaración del concurso, en un intento no disimulado de conseguir el cobro inmediato de su crédito sin respetar la igualdad de trato entre los acreedores, solicitando del Juez de lo Mercantil la declaración del concurso necesario y forzando al deudor que quiera evitar su declaración a pagar o consignar el importe de ese crédito a disposición del acreedor, de conformidad con el artículo 19 de la Ley.

En conclusión, las promotoras deben intentar por todos los medios la refinanciación de su deuda y, para ello, deben ofrecer información rigurosa y un adecuado plan de viabilidad, que convenza a las entidades financieras (predispuestas -por los motivos expuestos- a ser convencidas).

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