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Revista nº 6 /junio - agosto 2009 | Sumario CN6 | En Portada La morosidad empresarial

La morosidad empresarial


JESÚS ODÉRIZ ECHEVARRÍA
Director en Navarra de Landwell-PricewaterhouseCoopers
Entendemos de forma genérica por morosidad el retraso en el cumplimiento de un pago o pagos de conformidad con lo acordado por las partes o por la legislación vigente; mientras que en el sector bancario se considera como moroso un crédito, cuando se ha producido un retraso de tres meses en el pago de las cantidades a entregar (principal y/o intereses) por parte del deudor; y entre particulares, empresas y/o administración aquel que incumple en la obligación de pago según lo acordado por las partes a la llegada de su vencimiento.

España ocupa en estos momentos, el tercer lugar del ranking de malos pagadores de toda Europa, solo superada por Italia y Portugal. Las empresas españolas tardaban ya, en época de bonanza, en pagar a sus proveedores una media de 82,1 días, lo que contrasta, por ejemplo, con los 26,6 días de Noruega, o con la media europea que se situaba en los 59,2 días. Hoy esos datos se han disparado de forma extrema.

La morosidad ha aumentado en el año 2008 con respecto al año anterior en un 172% y la media de la morosidad bancaria en España, que se situaba en el mes de noviembre en el 3,18%, no deja de crecer cada día. Es cierto que las Cajas de Ahorros están sufriendo en mayor grado dicha morosidad.

El 33% de las empresas europeas y el 55% de la españolas ven los retrasos en los pagos como un serio problema que puede poner en peligro su propia continuidad pues son conscientes que la morosidad es una causa directa de la falta de liquidez en las empresas y de ella depende lógicamente la supervivencia de la mismas así como los puestos de trabajo de esta.

Utilizar medios de pago documentado

Ante esta situación el empresario-proveedor debe ser pro-activo. Es decir nunca se debe valorar la morosidad empresarial como algo natural que puede suceder; es necesario atacar el asunto y tomar las medidas oportunas, a priori y a posteriori, para preverlo y evitarlo, e incorporar en la filosofía corporativa la máxima: “ Una venta no ha sido realizada hasta que no ha sido cobrada”. Por ello, las empresas deben de reforzar especialmente sus sistemas de control de gasto, selección de riesgos y recobro especializado.

Así mismo, el empresario debería incorporar a las transacciones las condiciones generales de venta, soportar documentalmente las mismas y utilizar medios de pago documentados con título jurídico: letras de cambio, pagarés, ect… y por supuesto, debería realizar un estudio previo del riesgo que entraña cada cliente, adoptar las medidas necesarias a priori, como solicitar informes comerciales, notas regístrales, cuentas anuales, análisis de sus ratios, recabar información de otros proveedores, conocer los hábitos de cada cliente, ect…

Además de los Registros Mercantiles y de la Propiedad donde obtenemos información completa de la vida de la empresa o de sus bienes inmuebles, se dispone de registros como el RAI ( Registro Aceptaciones Impagadas) o ASNEF ( Asociación nacional de entidades de financiación). Los dos representan los registros de impagados más extendidos y utilizados por las entidades de crédito para consultar la solvencia económica de los clientes. Estas listas almacenan información sobre las personas que tienen o han tenido alguna deuda pendiente, por ejemplo a través de la letra de un crédito hipotecario, facturas o préstamos personales.

Como elemento clave de la morosidad, podemos destacar el tiempo de cobro. Es necesario responder con inmediatez al impago y tras, los primeros contactos, externalizar el proceso y adoptar medidas más complejas. Hay que saber, que hasta los 90 primeros días las posibilidades de cobro son del 90%, a partir de esa fecha disminuyen exponencialmente.

Una vez constatada la dificultad para obtener el cobro de la deuda, se recomienda que las acciones tanto de carácter transaccional como las judiciales, se lleven a cabo por un despacho de abogados, dando imagen de fortaleza y decisión. En materia judicial, existen diferentes procedimientos en función de la cuantía y que podemos calificar de rápidos y seguros. Si tras el procedimiento y sentencia condenatoria la empresa condenada no abona las cantidades adeudadas se podrán embargar bienes del deudor y si la empresa deudora no tiene bienes para cubrir la deuda y por ello no se pueden embargar activo alguno, podremos llegar a analizar la responsabilidad de los administradores de la sociedad, tanto de hecho como de derecho, en la propia gestión de la empresa y solicitar vía judicial, la responsabilidad de estos por las deudas sociales si se cumplen determinados requisitos legales establecidos en las legislación mercantil como es destacar la gestión de la empresa en fraude y perjuicio de sus acreedores.

El concurso como última vía de solución

Las sociedades se ven obligadas por la Ley a presentarse en concurso, cuando estas se ve imposibilitadas para hacer frente a los pagos y así mismo es cierto que el acreedor puede instar el concurso de la sociedad deudora, como vía legal para cobrar su crédito, pero para ello se tienen que cumplir determinados requisitos establecidos en la Ley concursal y muy en concreto tener acreditada la insolvencia del deudor. No todo impago es significado de insolvencia. Sin perjuicio de ello, aconsejamos el concurso como última vía de solución para el cobro de las deudas por su complejidad procesal y coste del mismo. Es preferible agotar las negociaciones y/o las reclamaciones directas contra el deudor en vía judicial.

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